“La política migratoria en México vive la dualidad de velar por los derechos que atienden las necesidades de las personas que transitan por su territorio, y de ser un instrumento más para entablar relaciones con el vecino del norte, que condiciona los intercambios políticos, económicos y hasta sociales, por el endurecimiento de controles migratorios. A esta dualidad se le suman los vínculos históricos con los países centroamericanos”. Así describía a la política migratoria mexicana un artículo publicado hace unos meses por la revista Foreign Affairs.
Esta percepción de dualidad de incentivos, y por lo tanto de lógicas en el establecimiento de acciones, políticas y programas, se constata con la evaluación establecida en este país.
La presión y el ejercicio de utilizar el ámbito de la migración en sus relaciones con México y los países de Centroamérica es un hecho público y conocido por parte de los Estados Unidos. La debilidad institucional, los bajos recursos económicos y la vulnerabilidad de los países que se ubican al sur de México también es un hecho. Solamente para aportar un dato: el PIB mexicano sextuplica, y más, el acumulado por todos los países de Centroamérica. De esta manera, la migración en México, y hacia México, se ha vuelto más compleja y acelerada.
México continúa siendo un país expulsor de migrantes. El corredor que conforma con Estados Unidos resulta el principal del mundo y su saldo migratorio aún es negativo, igual que para los países inmediatamente al sur de esta nación. El 97% de los migrantes mexicanos reside en su vecino del Norte.
Los movimientos humanos masivos y mixtos de las mal llamadas “caravanas” (o sea, los desplazamientos vía terrestre de grupos masivos que, motivados por seguridad y reducir los costos que implica el pago de coyotes para protegerlos, se organizan para emprender esta ruta mediante redes sociales) han tensionado la relación con Estados Unidos. Asimismo, han implicado el surgimiento de medidas en las fronteras sumamente cuestionables y mostrado lo mucho que falta atender a las causas de la migración de manera seria, sostenida y coordinada para abordar los desafíos humanos que estos movimientos acusan: violencia, narcotráfico, Estado de derecho completamente debilitado, economías no sustentables, entre otros.
México está llamado a atender cada uno de los objetivos del Pacto para responder a todos los desafíos que simultáneamente se le presentan respecto a sus emigrantes, retornados, personas en tránsito y migrantes. No hay materia en el Pacto que México pueda omitir ante los retos que tiene hoy.
La evaluación del cumplimiento de los Principios Rectores del Pacto, realizada por un grupo de expertos en materia de migración, muestra un cumplimiento menor al obtenido en el examen objetivo, correspondiente a un 48 %.
Los Principios mejor evaluados son los de “Cooperación internacional”, “Perspectiva de género” y “Perspectiva infantil”. Los peor evaluados son los de “Derechos Humanos” y “Centrarse en las personas”.
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La evaluación objetiva de las variables derivadas de los Objetivos del Pacto, muestra un cumplimiento de 53 %, representando una alta cantidad de desafíos para el país en pos de mejorar las políticas públicas de migración.
Los Objetivos peor evaluados son el No. 11, que corresponde a los esfuerzos para gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada (con 0% de cumplimiento); el No. 16, que se refiere a empoderar a los migrantes y a las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social (con un 4 %); y el No. 20, sobre la promoción de transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas, y fomentar la inclusión financiera (con un 6 %).
Los Objetivos mejor evaluados corresponden al No. 9, sobre el reforzamiento de la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes; y el No. 17, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones en torno a la migración (con 92 % de cumplimiento).
El Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM) se fundó en 2009 ante la creciente necesidad de generar propuestas que aborden de manera integral el fenómeno de las migraciones. Somos una organización independiente, plural, apartidista y sin fines de lucro, dedicada al análisis, estudio y difusión de información especializada sobre la migración en la región de Centroamérica y México.
Buscamos incidir en el desarrollo de políticas públicas que garanticen la movilidad humana en condiciones de justicia y seguridad para las personas; así como el ejercicio pleno de sus derechos al trabajo, la seguridad y la calidad de vida, a través de tres ejes fundamentales: trabajo temporal migrante, seguridad para las personas migrantes e interculturalidad.
Los cuestionarios fueron respondidos por 93 expertas y expertos de diversos ámbitos. De ellos, el 30 % pertenece a una organización de la sociedad civil, el 39 % a alguna instancia del Gobierno federal, el 25 % fueron miembros de la Academia, y 6 % corresponde a otras categorías, entre las que se encuentran periodistas. El grueso de los participantes tiene más de diez años de experiencia de trabajo en la temática.
Para evaluar cada país, el índice de cumplimiento se compone de dos tipos de indicadores: objetivos y subjetivos. El resultado del índice se obtiene mediante el promedio ponderado de ambos indicadores, donde los indicadores objetivos valen el 70 % del resultado final, y los subjetivos el 30 %.
Corresponden a 279 variables que permiten identificar la existencia, o no, de disposiciones normativas y dispositivos relativos a las acciones que se plantean en el Pacto Migratorio. Las variables se construyeron a partir de los 23 Objetivos del Pacto, los cuales contienen 61 compromisos que se cumplen mediante las 194 opciones de política pública propuestas por el Pacto —denominadas “acciones” en el documento—.
Las variables de estudio miden la existencia o no de disposiciones normativas o prácticas consignadas en las acciones del Pacto, por lo que fueron categorizadas con valores de 1 (Sí) y 0 (No). El porcentaje de cumplimiento de cada Objetivo del Pacto se obtiene por el promedio simple alcanzado por todas las acciones consideradas en cada Objetivo, y luego, el promedio simple entre todos los Objetivos otorga el resultado de la evaluación del país en los indicadores objetivos.
Para dar respuesta a aquellas acciones planteadas en el Pacto cuya concreción sólo puede ser evaluada por medio de juicios subjetivos, y con el objeto de abrir un espacio de debate respecto del cumplimiento de los estándares del Pacto por parte de la política migratoria de cada país, se consideraron una serie de indicadores de carácter subjetivo.
Se solicitó a la comunidad de expertos de cada país que evaluara la adhesión de la política migratoria a los Principios Rectores del Pacto. Esto se realizaría en base a determinadas acciones sugeridas en el mismo Pacto, cuya evaluación no podía realizarse a través de la observación objetiva de un instrumento de política pública.
Se construyó un cuestionario para cada Principio Rector con las preguntas subjetivas a evaluar. Cada pregunta solicitaba la calificación entre 1 a 10, en dependencia de si el experto estaba de acuerdo o no con la coherencia entre un ámbito específico de la política migratoria del país y el estándar propuesto en el Pacto.
Por expertos se entendió: investigadores, académicos, dirigentes de organizaciones sociales que trabajan con migrantes, líderes de organizaciones migrantes, profesionales y funcionarios públicos que trabajan con personas migrantes y otros afines.
Se contactó a estas personas por correo electrónico para convocarlos a participar de la evaluación, invitándolos a inscribirse en la evaluación de al menos dos Principios Rectores del Pacto.