El flujo migratorio recibido en Chile durante los últimos cinco años prácticamente triplicó el número de migrantes en el territorio. Mientras que en 2014 el Departamento de Extranjería estimó en 410 998 las personas migrantes; en 2019 informó que la cifra ascendía a 1 215 225. En este sentido vale señalar a la diáspora venezolana como catalizador del flujo migratorio hacia Chile, siendo el mayor grupo de migrantes, con 288 233 personas.
La migración hacia Chile está conformada por población joven del continente que ingresa al país en busca de oportunidades laborales o resguardo por la inestabilidad, inseguridad, o crisis en sus respectivos países.
Asimismo, Chile cuenta con la legislación más antigua del continente, lo cual ha generado diversos desafíos y déficit en la garantía y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
La evaluación del cumplimiento de los Principios Rectores del Pacto, realizada por un grupo de expertos en materia de migración, muestra un desempeño menor que el examen objetivo, apenas sobre el 38,9 %.
Los Principios con mejor evaluación son el de “Respeto al Estado de Derecho y Debido Proceso” y el de “Perspectiva infantil”. En tanto, los de peor evaluación son los de “Derechos Humanos” y “Perspectiva de género”.
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La evaluación objetiva de las variables derivadas de los objetivos del Pacto muestra un cumplimiento de 50,8 %, lo cual se considera bajo.
Los Objetivos peor evaluados son el No. 11, que corresponde a los esfuerzos para gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada (con 0 % de cumplimiento); y el No. 5, referido al aumento de la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular (11 %). Asimismo, el Objetivo No. 23 tuvo 0 % de cumplimiento, pues hace referencia a medidas tomadas luego de firmar el Pacto, del cual Chile no es signatario.
Los Objetivos mejor evaluados corresponden al No. 9, sobre el reforzamiento de la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes; y el No. 22, acerca del establecimiento de mecanismos para la portabilidad de la seguridad y de las prestaciones adquiridas.
Espacio Público es un centro de estudios independiente que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática, que permita un desarrollo económico, social y político en beneficio de todas las personas.
A través de la incidencia, busca influir directamente en autoridades y decisores para marcar el rumbo y las prioridades de la agenda pública. Del mismo modo, espera hacer un aporte en el involucramiento de la ciudadanía al debate de políticas públicas, a través de información y difusión de ideas que permitan construir una visión común de desarrollo democrático, inclusivo y sustentable.
Los cuestionarios fueron respondidos por 65 expertas y expertos de diversos ámbitos. De ellos, el 51 % pertenece a una ONG pro migrante y el 31 % a la Academia.
La mayor parte de quienes participaron en los cuestionarios tiene menos de dos años de experiencia de trabajo en la temática.
Para evaluar cada país, el índice de cumplimiento se compone de dos tipos de indicadores: objetivos y subjetivos. El resultado del índice se obtiene mediante el promedio ponderado de ambos indicadores, donde los indicadores objetivos valen el 70 % del resultado final y los subjetivos el 30 %.
Corresponden a 279 variables que permiten identificar la existencia, o no, de disposiciones normativas y dispositivos relativos a las acciones que se plantean en el Pacto Migratorio. Las variables se construyeron a partir de los 23 objetivos del Pacto, los cuales contienen 61 compromisos que se cumplen mediante las 194 opciones de política pública propuestas por el Pacto —denominadas “acciones” en el documento—.
Las variables de estudio miden la existencia o no de disposiciones normativas o prácticas consignadas en las acciones del Pacto, por lo que fueron categorizadas con valores de 1 (Sí) y 0 (No). El porcentaje de cumplimiento de cada Objetivo del Pacto se obtiene por el promedio simple alcanzado por todas las acciones consideradas en cada Objetivo, y luego, el promedio simple entre todos los Objetivos otorga el resultado de la evaluación del país en los indicadores objetivos.
Para dar respuesta a aquellas acciones planteadas en el Pacto cuya concreción solo puede ser evaluada por medio de juicios subjetivos, y con el objeto de abrir un espacio de debate respecto del cumplimiento de los estándares del Pacto por parte de la política migratoria de cada país, se consideraron una serie de indicadores de carácter subjetivo.
Se solicitó a la comunidad de expertos de cada país que evaluara la adhesión de la política migratoria a los Principios Rectores del Pacto. Esto se realizaría en base a determinadas acciones sugeridas en el mismo Pacto, cuya evaluación no podía realizarse a través de la observación objetiva de un instrumento de política pública.
Se construyó un cuestionario para cada Principio Rector con las preguntas subjetivas a evaluar. Cada pregunta solicitaba la calificación entre 1 a 10, en dependencia de si el experto estaba de acuerdo o no con la coherencia entre un ámbito específico de la política migratoria del país y el estándar propuesto en el Pacto.
Por expertos se entendió: investigadores, académicos, dirigentes de organizaciones sociales que trabajan con migrantes, líderes de organizaciones migrantes, profesionales y funcionarios públicos que trabajan con personas migrantes y otros afines.
Se contactó a estas personas por correo electrónico para convocarlos a participar de la evaluación, invitándolos a inscribirse en la evaluación de al menos dos Principios Rectores del Pacto.